Las conexiones del partido español fascista Vox con la oposición boliviana implicada en el golpe contra Luis Arce.

Ningún movimiento ultraderechista que se produzca hoy en el mundo puede explicarse sin la participación de la extrema derecha mundial. El trumpismo de Estados Unidos está íntimamente relacionado con el lepenismo francés, al igual que con Giorgia Meloni en Italia. En este contexto se produjo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Un país al que Vox, la sucursal del trumpismo en España, tiene en el punto de mira desde hace tiempo. El propio líder del partido español, Santiago Abascal, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, a los que ha acusado de "defender el régimen narcocomunista" en Bolivia tras el intento de golpe de Estado del Ejército contra el presidente Luis Arce.

El Gobierno de Bolivia ha sofocado la intentona golpista encabezada por el general Juan José Zúñiga, que había tomado la plaza de Murillo de La Paz, centro del poder político del país. Tanto Sánchez como Feijóo han condenado los movimientos militares y han pedido respeto a la democracia y el orden constitucional. Pero para Abascal, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición están "desautorizados" para hablar de democracia y orden constitucional en España y en Bolivia. "Están tan alejados de la realidad que dicen cualquier cosa sin sonrojarse", escribió en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

En esta línea, ha censurado que ambos hayan salido en defensa de un régimen que tiene a la "oposición en la cárcel". Abascal cree, asimismo, que las condenas de Sánchez y Feijóo "dan crédito" a lo que ha tildado de "fantasmal autogolpe" del Gobierno boliviano, al que insiste en llamar "régimen", "por el que litigan el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, ambos de la multinacional narcocomunista del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla".

La injerencia de Vox en la política interna del país latinoamericano viene de lejos. No es la primera vez que la formación nacionalpatriótica española toma partido por la oposición ultra y militarista boliviana. En Enero de 2023, Libertad Digital informaba de que un diputado de Vox, Víctor González, había viajado a aquel país tras la detención del gobernador de Santa Cruz y opositor, Luis Fernando Camacho. En aquella ocasión, Vox reclamó al propio Gobierno de España que defendiera los derechos humanos en Bolivia mientras el MAS, "el partido amigo de Podemos", según el citado diario digital, abogaba por "la detención del opositor y el trato degradante, ilegal e inhumano dado al político".

"Ahora es el propio Gobierno de Bolivia en pleno y el expresidente Evo Morales quienes han reclamado la expulsión de Vox del país para tapar el escándalo del encarcelamiento del principal opositor", aseguraba el citado diario hace más de un año.

En Enero de 2023, Evo Morales aseguró en redes sociales que "condenamos la actitud del diputado español Víctor González (cómplice de Arturo Murillo) y su colega chileno @sanchezdiputado que actúan como en la Colonia. Después de justificar masacres y robos del gobierno de facto, instigan atentados a instituciones públicas y privadas. Bolivia es digna y soberana".

La reacción de Morales no fue casual. El Gobierno de Bolivia en pleno calificó como "un acto de intromisión inaceptable" las gestiones de los diputados Víctor González, de España [Vox], y Luis Fernando Sánchez, de Chile, sobre la detención ilegal de Camacho en Santa Cruz. "Ambos diputados no representan a su Gobierno", aclaró el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Además, el Gobierno de Bolivia aseguró que las declaraciones del diputado de Vox suponían "un claro acto de intromisión inaceptable en los asuntos internos del país".

Según publicó Libertad Digital, "hay que recordar que ya el propio Evo Morales fue acusado por el Gobierno anterior de 2020 y ante la Fiscalía por asesinatos y torturas. El entonces ministro del Interior, Arturo Murillo, usó la expresión crímenes de lesa humanidad al presentar la denuncia en la misma ciudad de Santa Cruz en contra de Morales y varios de sus exministros".

En aquel momento Vox reclamó a Pedro Sánchez que defendiera "los derechos humanos en un país gobernado en estos momentos por uno de los referentes de Podemos. Para ello, el partido de Santiago Abascal ha registrado su exigencia en el Congreso de los Diputados", donde reclamó que la Cámara Baja, como representante de la soberanía nacional, rechazara la "violencia y la persecución política que sistemáticamente lleva a cabo el Gobierno de Bolivia contra sus adversarios políticos" y que expresara "su solidaridad con el pueblo hermano y conmine al Gobierno de este país a cumplir con los deberes de protección de sus nacionales y respeto de las reglas democráticas, abandonando la utilización de los mecanismos coactivos del Estado para cercenar injustificadamente los derechos de los bolivianos".

"Es más –publicó Libertad Digital– Vox reclamó que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma, en consonancia con el papel histórico de España y con los especiales vínculos que nos unen con las naciones hermanas de Hispanoamérica, la condición de vanguardia en la defensa de los derechos de todos los bolivianos en el concierto internacional. En particular, el presidente del Gobierno, a quien corresponde constitucionalmente la dirección de la política exterior, debe ejercer con toda decisión este liderazgo mundial de España en la protección de los derechos de la oposición boliviana".

Finalmente, tras aquel incidente diplomático, el Gobierno de Bolivia expulsó al diputado de Vox, Víctor González, impidiéndole la entrada en el país durante tres años, por "actos de injerencia" tras mostrar su apoyo a un líder opositor.