La Corte Penal Internacional anunció el Martes (25.6.2024) órdenes de arresto contra el exministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre Octubre de 2022 y Marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó las órdenes de detención, donde se responsabiliza a ambos altos cargos del Gobierno de Rusia de crímenes de guerra por "dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles", así como de un crimen de lesa humanidad por "actos inhumanos" definidos en Estatuto de Roma.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala la aprobación de estas órdenes de arresto, en las que acusa a Shoigú y Guerásimov de ser presuntos "responsables a nivel penal" de haber cometido esos actos criminales, ordenar su comisión y/o no ejercer el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes.
"Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de Octubre de 2022 hasta al menos el 9 de Marzo de 2023", señalaron los tres jueces que componen la Sala de Cuestiones Preliminares.
Durante ese período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo "un gran número de ataques contra numerosas plantas de energía eléctrica y subestaciones en múltiples localidades" de Ucrania.
La Sala también ve "motivos razonables" para creer que "los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada".
Además, denunció que "la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal", lo que hace creer que los sospechosos "causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad".
Aunque el contenido de las órdenes se emite como "secreto" para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala sí autorizó divulgar públicamente la existencia de estas órdenes de detención, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.
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