Israel no ha garantizado la distinción efectiva entre civiles y combatientes, según un nuevo informe de la ONU.

Una investigación de la ONU sobre los bombardeos del Ejército israelí en Gaza ha revelado que se han violado sistemáticamente las leyes de la guerra en lo que respecta al uso de bombas de enorme potencia y a la falta de distinción entre combatientes y civiles. La conclusión se produce tras las investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre seis ataques de las fuerzas israelíes que ha descrito como emblemáticos, en los que se sospecha que se utilizaron bombas de hasta 920 kg contra edificios residenciales, una escuela, campos de refugiados y un mercado.

Estas armas de aproximadamente 3.4 metros, junto con versiones más pequeñas, fueron desplegadas entre el 9 de Octubre y el 2 de Diciembre de 2023 causando 218 muertes confirmadas, ha señalado la Oficina, añadiendo que el número real de víctimas mortales fue probablemente mucho mayor.

"El requisito de seleccionar medios y métodos de guerra que eviten o al menos reduzcan al mínimo los daños a la población civil parece haber sido violado sistemáticamente en la campaña de bombardeos de Israel", según el Alto Comisionado, Volker Türk.

Objetivos por millares

El informe de su Oficina cita una actualización de las Fuerzas de Defensa Israelíes del 11 de Noviembre de 2023 según la cual la Fuerza Aérea había atacado más de 5,000 objetivos para eliminar amenazas en tiempo real desde que comenzó a bombardear Gaza un mes antes. Para entonces, las autoridades sanitarias de Gaza habían documentado la muerte de 11,078 palestinos, otros 2,700 desaparecidos y unos 27,490 heridos.

Al detallar los ataques contra el barrio de Ash Shuja, en la ciudad de Gaza, los autores del informe ha señalado que la extensión de la destrucción fue de aproximadamente 130 metros y destruyó 15 edificios. La magnitud de los daños causados a los edificios y los cráteres indicaban que se habían utilizado aproximadamente nueve bombas GBU-31 de unos 900 kg, según la Oficina, y al menos 60 personas habían resultado muertas.

"Los métodos y medios elegidos por Israel para llevar a cabo las hostilidades en Gaza desde el 7 de Octubre, incluido el uso extensivo de armas explosivas con efectos de área amplia en zonas densamente pobladas, no han garantizado la distinción efectiva entre civiles y combatientes", alega el informe de la Oficina de Derechos Humanos.

"Las vidas y las infraestructuras de los civiles están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Este derecho establece las obligaciones muy claras de las partes en los conflictos armados que hacen de la protección de los civiles una prioridad".

Sin tregua

El informe se centra en Israel, pero también destaca que los grupos armados palestinos han seguido disparando proyectiles indiscriminadamente contra ese país. Esto es contrario a sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, deja claro la investigación del organismo.

La portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, ha mostrado estas preocupaciones, al tiempo que ha advertido de que los mandos militares israelíes no parecen haber cambiado sus tácticas en Gaza para no atacar a civiles, de conformidad con las leyes de la guerra. Shamdasani también se ha referido a declaraciones de altos cargos israelíes, entre ellos un miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel que, según se citó en los primeros momentos de la guerra, había dicho: "Hamás y los habitantes de Gaza son bestias humanas y «se les trata en consecuencia. Israel ha impuesto un bloqueo total a Gaza. No hay electricidad ni agua, sólo daños. Querían el infierno, tendrán el infierno".

Garantizar las investigaciones adecuadas

Shamdasani ha insistido también en la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre los ataques a los que se refiere el informe para decidir si constituyen crímenes de guerra y exigir responsabilidades a sus autores.

"A medida que pasa el tiempo, resulta mucho más difícil llevar a cabo estas investigaciones", ha afirmado. "Pedimos en primer lugar a las autoridades israelíes que tomen medidas para garantizar que se llevan a cabo investigaciones adecuadas, investigaciones transparentes. A falta de ello (y si persiste la impunidad), también es necesaria una acción internacional en este sentido".

Crímenes de guerra y lesa humanidad

Por su parte, un nuevo informe publicado este Miércoles de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel señala que las autoridades israelíes son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante las operaciones militares y los ataques perpetrados en Gaza desde el 7 de Octubre de 2023.

El organismo concluye que las autoridades israelíes son responsables de los crímenes de guerra de inanición como método de guerra, asesinato o homicidio intencional, dirigir ataques contra civiles y bienes de carácter civil, traslado forzoso, violencia sexual, tortura y tratos inhumanos o crueles, detención arbitraria y ultrajes contra la dignidad personal.

Determina que también se habían cometido los crímenes de lesa humanidad de exterminio, persecución por motivos de género contra hombres y niños palestinos, asesinato, traslado forzoso y tortura y tratos inhumanos y crueles.

La Comisión señala que el inmenso número de víctimas civiles en Gaza y la destrucción generalizada de bienes e infraestructuras civiles fueron el resultado inevitable de una estrategia emprendida con la intención de causar el máximo daño, haciendo caso omiso de los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones adecuadas.

Además, el uso intencionado de armas pesadas con gran capacidad destructiva en zonas densamente pobladas constituye un ataque intencionado y directo contra la población civil.
Asedio total equivalente a un castigo colectivo

El informe sostiene que las declaraciones realizadas por funcionarios israelíes (incluidas las que reflejaban la política de infligir destrucción generalizada y matar a gran número de civiles) equivalen a incitación y pueden constituir otros delitos internacionales graves.

Aunque Israel emitió centenares de órdenes de evacuación a la población del norte de Gaza y de otras localidades, la Comisión comprobó que en ocasiones eran insuficientes, poco claras y contradictorias, y que no daban tiempo suficiente para realizar evacuaciones seguras. Además, las rutas de evacuación y las zonas designadas como seguras fueron constantemente atacadas por las fuerzas israelíes. El organismo determina que todo ello equivalía a un traslado forzoso.

También considera que Israel ha impuesto un «asedio total» que equivale a un castigo colectivo contra la población civil. Las autoridades israelíes han convertido el asedio en un arma y han utilizado el suministro de artículos de primera necesidad, como agua, alimentos, electricidad, combustible y ayuda humanitaria, para obtener beneficios estratégicos y políticos.

Rendición de cuentas

"Es imperativo que todos los que han cometido crímenes rindan cuentas", ha afirmado la presidenta de la Comisión, Navi Pillay. "La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas las agresiones y represalias por ambas partes, es garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional" y ha añadido que "Israel debe poner fin de inmediato a sus operaciones y ataques militares en Gaza, incluido el asalto a Rafah, que ha costado la vida a cientos de civiles y ha desplazado de nuevo a cientos de miles de personas a lugares inseguros, sin servicios básicos ni ayuda humanitaria". Respecto a Hamás y los grupos armados palestinos ha dicho que "deben cesar inmediatamente los ataques con cohetes y liberar a todos los rehenes. La toma de rehenes constituye un crimen de guerra".